Un auto exige a la empresa este pago por ocupación ilegal del LIC de la Sierra de Abanilla y solo concede un día de plazo para evitar la retención de bienes
25.05.13 - 01:24 -
F. AMAT |/ la Verdad
El juzgado ha estrechado el cerco sobre el vertedero de Proambiente en Abanilla, que si sus propietarios no lo remedian quedará embargado la próxima semana. Un auto de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cieza ha emitido una orden cautelar sobre la mercantil para que presente una fianza de más de dos millones de euros con el fin de «asegurar las responsabilidades pecunarias». Esta decisión llega precedida del proceso judicial abierto en esta juzgado por una presunta ocupación ilegal de la empresa en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla.
La Consejería de Presidencia del Gobierno regional ya solicitó un aval de 3,3 millones de euros para que la empresa pudiera reiniciar su actividad y restituyera las hectáreas afectadas. Una parte de este mismo aval lo pide ahora el juzgado en forma de fianza, puesto que tanto la Administración regional como el poder judicial deben reclamarlo por separado, aunque se trate de la misma petición. La única posibilidad que le quedaba a Proambiente era explotar el vaso 3 con vertidos por un periodo de 7 años.
En concreto, la juez firma esta orden para costear los gastos de restauración causados en el medio natural. La cuantía sorprende, pero todavía más el plazo que ha concedido a Proambiente, que solo dispone de un día para depositar la fianza. En caso contrario se procederá al embargo de bienes por valor de 2.074.000 euros. Las instalaciones de la mercantil gestionada durante años por Ángel Fenoll era el destino de los residuos de media Vega Baja y varias poblaciones de la Región de Murcia.
Desde que se inició la instrucción del caso destapado por Ecologistas en Acción varios peritos judiciales han analizado las afecciones al medio ambiente, al igual que el Seprona de la Guardia Civil. Estas investigaciones determinaron que la Dirección General de Planificación y control ambiental decretara el cese de la actividad de vertido de residuos. Por ello, este mismo juzgado ya ordenó el cierre del vertedero ubicado entre Abanilla al decretar la clausura de los vasos 1, 2, 3 y 5. Ahora el poder judicial va más allá y pide una garantía para restituir 44 hectáreas del LIC que se vieron afectadas por los trabajos de la mercantil.
La juez hace hincapié en que se realizaron «modificaciones de terreno, extracción de áridos, depósitos de residuos y ejecución de vertederos con afección al medio ambiente». Además subraya que numerosas de las hectáreas transformadas «en muchos casos la destrucción es de carácter irreversible».
Este mazazo para Proambiente llega después de que se haya producido un relevo en la familia Fenoll, abandonando el industrial oriolano Ángel Fenoll la gerencia, que ha pasado a manos de sus hijos. No obstante, en la causa judicial siguen imputados Francisco José Lozano, José Fenoll, Ángel Javier Fenoll, Francisco Javier Ruiz y el propio Ángel Fenoll. A estas personas el juzgado número 3 de Cieza le reclama una relación de bienes «a efectos de asegurar posibles responsabilidades civiles».
Este contundente auto todavía no había llegado ayer a la sede de Proambiente, donde sorprendió la petición de la juez. Un portavoz de la empresa comentó que «no podemos declarar nada porque no tenemos constancia del auto», pero dijo que «es parte del proceso iniciado por el gobierno murciano». En cualquier caso, el documento judicial se firmó el pasado miércoles y concede un plazo de tres días para presentar un recurso una vez que se haya notificado.
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